Desde enero de 2007 la calle Miquel Angel ha vivido al menos siete desahucios, un total de 14 personas expulsadas de su vivienda, a las que hay que añadir ahora el desalojo de «La Breva», okupada hace cuatro años, y que sumará cuatro vecinos más expulsados en un periodo tan corto como cinco meses. 18 vecinos, tres cada mes, casi dos cada 15 días, han tenido que abandonar sus casas empujados por la presión del mercado inmobiliario.
Lo que pasa en esta calle puede ser una gota de agua, insignificante en un mapa e invisible para una estadística, pero es la misma gota que desborda el vaso cada día. Es el ritmo implacable de una ciudad que todo lo hace negocio, de un negocio que se abre camino destruyendo, destruyendo vidas, destruyendo espacios y destruyendo convivencia.
Hemos visto como Orfeó de Sants, hasta no hace mucho una entidad cultural, reconvertida en una empresa cultural, se negaba a una negociación sobre el uso temporal del espacio (hasta el momento en que dispusieran de la licencia de obras), y prefería imponer los derechos de propiedad por encima de todo, empleando la vía judicial para lograr un desalojo.
Hemos visto como la promotora Starline Management hacía desaparecer una comunidad construida durante décadas, once vecinos que en algunos casos habitaban las mismas viviendas desde hace setenta años, y de los cuales los de mayor edad han renunciado a todos sus derechos por el miedo ante un proceso judicial por desahucio.
Hemos visto como una familia marroquí que vivía en esta calle desde hacía una década, además de ser desahuciada tenía que marchar a su ciudad de origen al no poder pagar los desorbitados precios del mercado de alquiler.
Esa es la violencia inmobiliaria, no solamente las amenazas o los matones, sino la amenaza permanente del mercado sobre la vida y los derechos sociales más elementales. Son los frutos, el pan nuestro de cada día, entre otras cosas de una política urbanística en la que el interés empresarial está por encima de cualquier otra consideración.
La gota de agua de Miquel Angel en este mar de cemento, es diferente pero es la misma del Plá de la Estació o del mamotreto de las vías y la amenaza al Centro Social Okupado Can Vies, la lluvia fina de brocha gorda de una casta política y en concreto de una izquierda institucional que se ha dedicado desde hace cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte, veinticuatro años, a darle derechos a una apisonadora.
Y que se dedicará durante cuatro años más, a sostener un modelo de ciudad donde cada día más los derechos son de pago, y donde no tener con que pagar se paga caro.